Armando Marinozzi, el presidente de la entidad que nuclea desde el CCIRR a las empresas proveedoras de software de video vigilancia y alarmas domiciliarias, resaltó la “excelente predisposición” de los fiscales para lograr un protocolo conjunto de actuación.

En noviembre se produjo un encuentro de trabajo entre los representantes del Ministerio Público de la Acusación –a cargo de las investigaciones penales en la ciudad y región-, y dirigentes de la Cámara de Seguridad Electrónica del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región.
El objetivo de la reunión fue el de seguir articulando cuestiones operativas a los procedimientos de seguridad, y requerimiento de información –puntualmente las almacenadas en las videocámaras privadas-, por parte de las autoridades en caso de ocurrencia de ilícitos.
Los empresarios volvieron a mostrar su predisposición a colaborar, de la misma manera que ya lo hicieran previamente con la Policía local.
“Pudimos acceder a muchos datos que eran nuevos para nosotros, como por ejemplo la estructura y funcionamiento de la Fiscalía”, advirtió Armando Marinozzi, el presidente de la Cámara empresaria.
“También nos acercaron modelos de oficios, que es la forma en la cual nos pueden solicitar la información”, continuó Marinozzi.  “Nosotros a su vez pusimos en conocimiento de ellos cuestiones técnicas, que tienen que ver con la relación que se establece con nuestros clientes”.

Relevancia

“Hubo casos resonantes que lo demuestran, como los asesinatos de la estudiante chilena, o de Angeles Rawson”, enumeró finalmente Armando Marinozzi en función de la importancia clave que puede tener la información captada por cámaras de seguridad privadas, para la resolución de delitos. Sin perjuicio de la aplicación de la ley provincial que regula la actividad, y que está en proceso de reglamentación, resulta importante recalcar a los contratantes de la concientización en cuanto a la valía que puede tener una imagen captada por una cámara, no solo para sí, sino también para la comunidad en general.